La Asociación de Profesores de la Universidad del Atlántico (ASPU), a través de su presidente Walberto Torres, ha expuesto la profunda crisis y las irregularidades que, a su juicio, antecedieron y rodearon la elección del rector de la Universidad del Atlántico, Leighton Barrios. Torres señaló que la tensión actual no es repentina, sino el resultado de un proceso viciado que se remonta a la discusión sobre la reelección rectoral.
El profesor Torres criticó fuertemente la modificación del reglamento que permitió la reelección, una decisión que, según él, fue impuesta por «los dueños de Barranquilla y de la universidad». Además, calificó la etapa de la consulta interclaustro, donde se definieron los candidatos, como una «fiesta» o «corruptela» marcada por la compra de votos, la extorsión al electorado y la falta de debate académico, donde los candidatos habrían gastado sumas millonarias.
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Críticas al Consejo Superior y al Gobernador
La principal denuncia se centra en el Consejo Superior y la actuación del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, a quien el profesor Torres responsabiliza directamente de la crisis. El líder gremial acusó al Consejo Superior de tomar una «decisión precaria, desesperada» al nombrar al rector el 27 de octubre, a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional –a través de la Subdirección de Vigilancia y Control– había advertido y solicitado suspender los puntos 3 y 4 de la sesión para revisar los cuestionamientos sobre la hoja de vida de uno de los candidatos.
Torres afirmó que el Gobernador, como presidente del Consejo Superior, «omitió el debido proceso, omitió la transparencia y la moral pública», y que, al no acatar la orden del Ministerio, desencadenó la reacción estudiantil. ASPU considera que el problema es estructural, advirtiendo que la autonomía universitaria es «relativa» y no puede violar los principios de transparencia.
Rechazo a la Intervención Policial y la Pérdida del Semestre
Respecto a los disturbios recientes, el profesor Torres calificó la intervención de la fuerza pública como una «provocación más del gobierno departamental», señalando que se buscó «pagar un incendio con gasolina» al enviar a la Policía contra estudiantes que estaban visibilizando su protesta. ASPU rechazó que se responsabilice a los estudiantes y profesores de la posible pérdida del semestre, indicando que el «responsable número uno» es el gobernador Verano por la forma en que se manejó el proceso de designación.
El profesor lamentó que, en lugar de buscar el diálogo, la respuesta de las autoridades haya sido la confrontación, equiparando la situación a un «dispara y después va a ver a quién mató». Finalmente, la Asociación de Profesores reiteró su apoyo a la asamblea permanente como un mecanismo para «pacificar» la universidad y proteger los derechos de los estudiantes.
