El uso de drones como herramienta de ataque en el conflicto armado colombiano registra un fuerte incremento. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados, frente a los 49 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 146 %.

Estos hechos dejaron 21 personas muertas y 145 heridas, afectando tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a población civil en zonas donde tienen presencia grupos armados y organizaciones criminales.

La situación fue incluida en la Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, documento presentado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, al nuevo Gobierno y al Congreso, con el propósito de aportar información para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.

La Defensoría advirtió que la expansión de los ataques con drones hacia nuevos departamentos y su utilización en zonas pobladas evidencian una transformación de las dinámicas de violencia en el país y plantean nuevos desafíos para la protección de la población y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

El informe también revela que las alertas tempranas de la entidad abarcan 396 municipios y advierte sobre la presencia de grupos armados en diferentes regiones. Entre 2017 y julio de 2026, además, se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 394.839 personas.

Otro de los fenómenos que preocupa es el reclutamiento de menores. La Defensoría reportó 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026, aunque aclaró que la reducción de denuncias no necesariamente significa que el fenómeno haya disminuido.

La entidad también documentó 651 masacres entre 2019 y el 18 de julio de 2026, con 2.380 víctimas, además de advertir sobre el impacto de la deforestación, la minería ilegal y otras problemáticas ambientales.

Con este diagnóstico, la Defensoría plantea cinco grandes desafíos para el país: desigualdad y exclusión, violencia armada y seguridad, crisis ambiental, derechos de campesinos y pueblos étnicos, y garantías para la democracia y la libertad de expresión.