Un drama humano vive un contratista de la administración de Barranquilla quien, debido a las exigencias en el pago de aportes a salud, se encuentra en riesgo inminente de perder su vivienda. El ciudadano afirma que los requisitos de la Secretaría de Movilidad y Tránsito para tramitar sus pagos incluyen la presentación de dos planillas de seguridad social costeadas de su propio bolsillo, una suma que asciende a los 542 000 pesos, dejando su sueldo real por debajo del mínimo tras el aumento de ley de 2026.

El caso tomó relevancia pública luego de que el trabajador manifestara haber agotado las vías directas de comunicación con el gabinete municipal. Según su relato, su esposa abordó al alcalde durante un evento público en el sector de Caimito, donde el mandatario prometió una solución extrajudicial a través de la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, tras 17 días de haber entregado sus datos personales, el afectado asegura que la ayuda prometida no ha llegado, mientras el plazo dado por sus arrendadores vence este 14 de febrero.

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La situación del denunciante es crítica, pues el bajo monto de sus honorarios, que rondan los 2 200 000 pesos sin descontar aportes, no le permite cubrir los gastos básicos de una familia con necesidades especiales. El trabajador describe un estado de salud mental deteriorado, con episodios de insomnio y ansiedad que afectan a su núcleo familiar. «No es suficiente lo que gano para pagar dos meses de salud y sostener a mis hijos», expresó en medio de un llamado desesperado a las autoridades.

La controversia radica en la supuesta obligatoriedad de pagar meses de salud por adelantado para asegurar la liquidación o renovación de los contratos en junio y diciembre. Esta práctica, según el testimonio recogido, no contaría con un sustento jurídico claro dentro de los decretos municipales, lo que ha llevado a los afectados a pedir una revisión de los procesos de la Secretaría de Hacienda y de las oficinas de talento humano para frenar lo que consideran deducciones injustificadas.

Como medida de apoyo, medios locales han documentado la denuncia para hacerla llegar directamente al despacho del alcalde y a la Personería Municipal. Se busca que la administración evalúe la posibilidad de un auxilio o una flexibilización en los términos de pago de seguridad social para evitar una tragedia humanitaria. La comunidad permanece atenta a una respuesta oficial que brinde claridad sobre los derechos de los contratistas y la protección de las familias vulnerables vinculadas al servicio público.