El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó de “inamistosa y agresiva” la decisión del gobierno de Nicaragua de no extraditar a Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, investigado en Colombia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Si el presidente pide la extradición a alguien, a cualquier país con el cual existen tratados, y ese país no responde, es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar. Habrá que revisar”, manifestó Benedetti.

El gobierno nicaragüense notificó que otorgó asilo político a González, argumentando que toda persona tiene derecho a buscar protección en caso de persecución por delitos políticos o por delitos comunes conexos, de acuerdo con su legislación y convenios internacionales.

En el país, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Según el ente acusador, González habría pedido al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López, entregar contratos por $60.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, con el fin de asegurar respaldo a iniciativas legislativas del Gobierno.

El abogado de González, Iván Cancino, ha insistido en que su defendido no debe pronunciarse públicamente y que él asumirá su representación en el proceso.