La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) emitió un enérgico pronunciamiento en el que ordena a sus agremiados abstenerse de prestar el servicio de transporte de carga en las vías de Cauca, Huila, Putumayo y Nariño. La decisión se toma como respuesta a la reciente ola de ataques contra conductores y vehículos, que el gremio calificó como actos de «barbarie y terrorismo» que han dejado un saldo de víctimas mortales y heridos.

En un comunicado a la opinión pública, la junta directiva de la ACC enfatizó que el sector transportador es un «actor al margen del conflicto» y rechazó actos como la quema de tractocamiones, el uso de explosivos y los disparos contra trabajadores. Según el gremio, estos hechos no pueden justificarse como actos de protesta, sino que constituyen violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario. Ante la gravedad de la situación, solicitaron la intervención de la Corte Penal Internacional para que evalúe estos ataques que ya suman más de 19 víctimas inocentes.

La organización gremial lanzó una dura crítica al Gobierno Nacional, señalando una presunta desprotección por parte del presidente Gustavo Petro, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La ACC manifestó que, pese a las insistentes solicitudes de seguridad durante los últimos cuatro años, el sector se siente «solo» frente a la extorsión, el secuestro y la violencia sistemática que impera en los corredores viales del sur del país.

Finalmente, el gremio condicionó el reinicio de las operaciones en los departamentos afectados a la implementación de garantías reales de seguridad por parte del Estado. La parálisis del transporte de carga en estas zonas estratégicas genera una alerta nacional por el posible desabastecimiento de insumos y alimentos, mientras los transportadores insisten en que «trabajar no puede ser una sentencia de muerte».