Los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, concluyeron que la campaña presidencial de Gustavo Petro sí violó los topes de financiación electoral y recibió aportes ilegales.
De acuerdo con la investigación que se extendió por más de dos años, los magistrados radicarán en las próximas horas un proyecto de resolución de cerca de 600 páginas, en el cual se plantea sancionar administrativamente al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial, así como a otros directivos y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Según los investigadores, la campaña de Petro habría superado los topes en más de 3.500 millones de pesos, sumando la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2022.
La radicación de la ponencia abre ahora un decisivo debate en la Sala Plena del CNE, que deberá votar si acoge o no las sanciones propuestas. Sin embargo, el escenario está dividido: el Pacto Histórico cuenta con cuatro representantes, aunque uno de ellos, Alba Velásquez, no podrá participar por recusaciones en su contra.
El bloque contrario, conformado por cinco magistrados, incluye a Ortiz, Prada, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz. Al requerirse un mínimo de seis votos para aprobar la decisión, será necesario designar conjueces.
El caso cobra relevancia porque al CNE le quedan pocos meses de competencia para fallar esta investigación considerada histórica, lo que mantiene al país a la expectativa sobre sus implicaciones políticas y jurídicas.
