De cara a las elecciones territoriales del 30 de octubre de 2027, el abogado y defensor público Luis Ángel Martínez Ángel advirtió sobre las inhabilidades que deben tener en cuenta los ciudadanos interesados en aspirar a cargos como concejales, alcaldes, gobernadores, diputados y ediles.
En un artículo de opinión, Martínez hizo énfasis en las condiciones para quienes buscan llegar a los concejos municipales y distritales, debido a las dudas que persisten sobre los plazos para que empleados públicos y contratistas se desvinculen de sus cargos o contratos sin quedar incursos en una inhabilidad.
El autor recordó que el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, establece varias restricciones para inscribirse como candidato al concejo. Entre ellas figuran haber ejercido autoridad política, civil, administrativa o militar en el municipio dentro de los 12 meses anteriores a la elección, así como haber intervenido en negocios o contratos con entidades públicas durante el año previo, bajo las condiciones previstas en la norma.
También se contemplan inhabilidades relacionadas con condenas judiciales, pérdida de investidura, sanciones profesionales y vínculos familiares o de pareja con funcionarios que hayan ejercido autoridad en el territorio dentro del periodo establecido por la ley.
Martínez advirtió que inscribirse y resultar elegido estando inhabilitado puede tener consecuencias penales. Para sustentar su llamado, citó el artículo 389A del Código Penal, que contempla penas de prisión de cuatro a nueve años y multas de 200 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes sean elegidos a un cargo de elección popular pese a tener una inhabilidad impuesta mediante decisión judicial, disciplinaria o fiscal.