La Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señaladas de participar en un esquema de presuntas exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador. Según la investigación, la maniobra habría permitido ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023.
De acuerdo con las evidencias recopiladas, las mercancías aparecían registradas como exportadas a través del puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, aunque los cargamentos nunca habrían salido del país. Cinco comercializadoras internacionales figuraban como exportadoras y una agencia de aduanas se encargaba de tramitar las declaraciones y documentos que respaldaban las operaciones.
La investigación señala que funcionarios de la DIAN en Ipiales, Nariño, presuntamente certificaban de manera irregular la salida de los productos. Con estos documentos, recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú habrían ingresado al país como pagos por supuestas ventas internacionales.
Las siete capturas se realizaron en Cúcuta e Ipiales, durante operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN.
Entre los detenidos están Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras que aparecían como exportadoras. También fueron capturados los funcionarios de la DIAN Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, señalados de certificar la salida de las mercancías.
Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravados, además de falsedad ideológica en documento público. La investigación también fue remitida a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles acciones sobre bienes y activos relacionados con estas actividades.