Un grupo de ciudadanos, liderado por el abogado Carlos Paternostro, ha interpuesto una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en un intento por frenar las pretensiones del Instituto Nacional de Vías (Invías) de revivir el cobro de valorización a más de 123,000 propietarios de predios ubicados en la zona de influencia de una obra vial entre los departamentos de Atlántico y Bolívar.
El abogado Paternostro explicó que este impuesto, previamente impuesto sobre la vía Cartagena-Barranquilla, fue atacado en su momento por los alcaldes de ambas ciudades, Dumek Turbay y Alejandro Char, así como por una acción de tutela interpuesta por el senador Carlos Meisel. El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió las medidas cautelares, a lo que el Ministerio Invías respondió interponiendo una tutela ante el Consejo de Estado para revocar dichas medidas.
Frente a esta acción de tutela de Invías, Paternostro, como propietario afectado, presentó la demanda de nulidad argumentando una «clara y flagrante violación del debido proceso». Entre los fundamentos jurídicos de la solicitud de nulidad, Paternostro señaló que la tutela de Invías no fue notificada a los 123,000 propietarios presuntamente afectados, lo que constituye una violación constitucional. Además, indicó que el Ministerio no agotó los recursos de ley (reposición y apelación) ante el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, perdiendo así la oportunidad procesal de forma debida antes de recurrir a una tutela.
Paternostro expresó su preocupación por la posibilidad de que este fallo llegue a la Corte Constitucional, dado que, según él, la mayoría de sus miembros son afines al gobierno, lo que podría resultar en una confirmación de la tutela de Invías. Por ello, la importancia de la nulidad es que mantendría vigente el acto administrativo del Tribunal Contencioso Administrativo.
El abogado enfatizó que este es un momento crucial para cuestionar los «gravámenes e imposiciones» del actual gobierno que, a su juicio, afectan al país y, en particular, a la Costa Atlántica. Recordó que el impuesto ya fue cobrado hace 10 años, lo que en su opinión impide un nuevo cobro sobre la misma causa y objeto. Además, mencionó que la demanda busca evitar embargos cautelares sobre los bienes de los propietarios, medidas que dejan los bienes fuera del comercio sin previa notificación.
La demanda de nulidad, de ser admitida, se convertiría en un contrapeso legal a las intenciones de Invías. El abogado Paternostro reiteró que su acción es solitaria y sin honorarios, como propietario afectado por la medida.
