La precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, se mostró en desacuerdo con la estrategia de «Paz Total» del Gobierno Nacional, argumentando que no está funcionando para desarticular el crimen organizado en ciudades como Barranquilla y Buenaventura. López, quien recorre el país recogiendo firmas para su candidatura, propuso un cambio de enfoque centrado en la justicia y el sometimiento.

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La exalcaldesa comparó el caso de Barranquilla con la situación de Buenaventura, donde, según ella, la delegación de la seguridad a los criminales fracasó. «El estado nunca puede delegarle a los criminales que se hagan pasito entre ellos y que eso se llama paz,» afirmó López. Sostuvo que el Estado debe usar la Policía y los jueces para someter a los delincuentes, no para negociar políticamente con ellos.

López propuso la creación de una Fiscalía Antimafia robusta, con un régimen jurídico que no otorgue al crimen organizado (como «Los Costeños» o «Los Pepes») las mismas garantías procesales que a otros delincuentes. El objetivo central, según su visión, es pegarles en el bolsillo, quitándoles el dinero.

La propuesta implica un proceso de negociación judicial y no política, donde el fiscal exija al criminal «entregar la plata» y las armas a cambio de la posibilidad de volver a «ver la luz del día». Para respaldar esta estrategia, López insistió en la necesidad de construir más cárceles para contrarrestar el hacinamiento y sugirió financiar estas reformas con una contribución específica de los colombianos más pudientes, similar a la implementada en 2002 para la seguridad.

Finalmente, al ser consultada sobre la convocatoria a una constituyente, la precandidata la desestimó, alegando que los problemas reales del país —como la salud, el trabajo y la seguridad— no se resuelven «sacando papel», sino con gestión y gobierno concreto.