El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, confirmó que el próximo 11 de septiembre la Sala Plena votará la ponencia que propone sanciones económicas y administrativas contra miembros de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, así como a los partidos que la respaldaron.
Prada, quien ejerce la presidencia del organismo electoral tras la renuncia de César Lorduy, precisó que serán ocho magistrados los habilitados para decidir, luego de que se aceptara la recusación contra la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien fue testigo electoral del Pacto Histórico.
Los hallazgos de la investigación
La comisión instructora del CNE, integrada por los magistrados Benjamín Ortiz y Prada, documentó 121 hechos en las distintas etapas procesales. Entre los hallazgos se señalan dos irregularidades principales:
- Exceso en topes de gasto: más de $3.042 millones entre primera y segunda vuelta.
- Financiación prohibida: más de $2.118 millones en aportes irregulares.
En conjunto, el presunto exceso asciende a $5.160 millones.
Las sanciones propuestas
La ponencia recomienda imponer una sanción solidaria de $5.900 millones al gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; a la tesorera, Lucy Aydeé Mogollón; y a la auditora, María Lucy Soto.
Adicionalmente, propone multas de $1.200 millones a cada uno de los partidos políticos que avalaron la candidatura: Unión Patriótica y Colombia Humana.
Posibles consecuencias judiciales
Prada explicó que, de aprobarse la ponencia, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante investigaciones adicionales sobre las presuntas irregularidades, en particular por financiación prohibida y superación de topes de gasto.
Contexto político
El presidente Gustavo Petro no es investigado directamente por el CNE debido a su fuero constitucional. No obstante, la investigación contra su campaña coincide con los intentos del Gobierno de reformar el sistema de elección de los magistrados electorales, lo que ha intensificado el debate político en torno a la independencia del organismo.
Prada advirtió que la decisión que se tome marcará un precedente importante:
“Proponemos sancionar a los sujetos procesales y a los partidos, y remitiremos copias a la Fiscalía respecto a financiación prohibida, superación de topes y otras conductas que puedan establecerse.
