A partir del próximo 20 de julio, los trabajadores colombianos experimentarán una mejora significativa en sus condiciones de vida y estabilidad laboral, consolidando los avances de la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Tras un año de su aprobación, esta iniciativa busca dignificar el empleo mediante la formalización y el aumento del poder adquisitivo, destacando hitos como el incremento del salario mínimo a 2 millones de pesos fijado a finales de 2025, lo que representa el aumento real más grande en la historia del país.  

La implementación de la Ley 2466 de 2025 marca un cambio estructural al establecer el contrato a término indefinido como la regla general de vinculación, dejando atrás la dependencia de los contratos de prestación de servicios para labores permanentes. Además, la normativa contempla una escala progresiva para la remuneración de dominicales: tras el aumento al 80% aplicado en 2025, el recargo subirá al 90% en julio de 2026, hasta alcanzar el 100% en 2027.  

La reforma también extiende protecciones a sectores históricamente vulnerables. Las plataformas de reparto ahora deben garantizar seguridad social y ARL a sus colaboradores, mientras que las trabajadoras del campo, el servicio doméstico y las madres comunitarias quienes se integrarán a la planta del ICBF verán reforzados sus derechos. Asimismo, se incluyen beneficios para cuidadores y un subsidio de conectividad para teletrabajadores.  

Finalmente, el sector educativo y juvenil recibe un impulso con la formalización de los aprendices del SENA, quienes ahora cuentan con un contrato laboral que garantiza el 75% del salario mínimo el primer año y el 100% el segundo. Las empresas que incumplan con la cuota de aprendices deberán pagar una compensación de 1.5 salarios mínimos por cada puesto no cubierto. Con estas medidas, se apuesta por una economía más dinámica y un país más equitativo basado en la garantía de derechos fundamentales.