Las órdenes de captura emitidas por una corte guatemalteca contra el exministro de Defensa de Colombia y actual embajador en el Vaticano, Iván Velásquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, han sido enfáticamente rechazadas tanto por la Cancillería de Colombia como por el gobierno de Guatemala.

La Cancillería colombiana calificó la acción como «carente de sustento jurídico» y un «atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional». En un comunicado, el ministerio expresó que la medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos fundamentales.

Por su parte, el gobierno de Guatemala, en un pronunciamiento que ha generado un cambio significativo en la situación inicial, atribuyó las órdenes de captura a jueces y miembros del Ministerio Público «asociados a la corrupción» que, según sus declaraciones, han tergiversado la justicia en ese país.