Un grupo de 27 comerciantes formales, a los que se han sumado vendedores ambulantes, han iniciado una acción de grupo en Barranquilla buscando la reparación de los daños económicos sufridos debido a las obras de la Gran Vía. Los afectados denuncian pérdidas de hasta el 50% en su actividad comercial, generando un «daño especial» por la carga adicional que ha representado la intervención.
Esta acción legal, amparada en el artículo 88 constitucional y la Ley 472 de 1998, que requiere la participación de 20 o más personas, se dirige contra INVÍAS, la Gobernación del Atlántico, Edubar y un consorcio integrado por tres constructoras. La obra corresponde a una carretera de carácter nacional, y la licitación, ganada por Edubar, subcontrató al consorcio.
Según el abogado Eliecer Sierra, las pérdidas económicas estimadas ascienden a un total de 900 millones de pesos para el colectivo, abarcando todo el año 2024, período en que inició el impacto en la unidad funcional número dos de la vía, desde la entrada vieja de Villa Campestre hasta las inmediaciones del puente de la Prosperidad, cerca de la Universidad del Atlántico Sede Norte. Estas cifras se respaldan con informes técnicos y periciales de contadores.
Sierra explicó que, en diciembre de 2023, funcionarios de Edubar propusieron a algunos vendedores estacionarios una indemnización administrativa promedio de 9 millones de pesos. Sin embargo, los comerciantes consideran que este monto no compensa las pérdidas ni el desarraigo, ya que muchos llevan más de 20 años ejerciendo su actividad en la zona, la cual representa el sustento para sus familias.
Los afectados se encuentran en una situación de incertidumbre, esperando la reubicación en espacio público y la finalización de las obras de la malla vial, ya que temen ser retirados de sus lugares de trabajo. No existe una política de reasentamiento específica que garantice su reubicación, como ocurrió antes de 2021 cuando algunos estuvieron en las inmediaciones de la Universidad del Atlántico. La pandemia de COVID-19 los obligó a regresar a la carretera, donde les resulta más viable el contacto comercial.
Los comerciantes han buscado acercamientos con la administración para lograr una transacción o un programa que impacte económicamente a estas unidades sociales, incluyendo a los vendedores ambulantes, quienes, por jurisprudencia, son un grupo de especial protección constitucional. La decisión final sobre las indemnizaciones recaerá en el juez.
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