La tardanza en la terminación de la segunda fase de la obra de la Gran Vía, que afecta a múltiples urbanizaciones en el corredor universitario de Puerto Colombia, ha generado una acción de grupo por parte de los comerciantes del sector. El abogado Eliecer Sierra, apoderado de los afectados, confirmó que la medida busca establecer la responsabilidad de las entidades involucradas (Invía, la Gobernación y el contratista) por los graves perjuicios económicos causados a la actividad comercial.

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Obra con tres años de retraso y sin avances claros

El abogado Sierra precisó que la obra de la Gran Vía lleva ya tres años de construcción y que los comerciantes, aunque comprenden la necesidad de la infraestructura, están «desesperados» por la falta de avance significativo. Aunque el gobernador en su momento prometió la entrega para junio o julio de 2026, el abogado citó a ingenieros de la comunidad que consideran este plazo como imposible debido al reducido número de trabajadores y a la existencia de puntos críticos sin intervención. Además, señaló que, si bien hay presupuesto para las tres calzadas, no lo hay para los andenes del tramo entre la entrada de Villa Campestre y la Universidad del Atlántico.

Proceso judicial y puntos críticos pendientes

El proceso judicial avanza en el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla. Las entidades demandadas ya contestaron la acción de grupo, pero el despacho aún no ha dado traslado de las excepciones propuestas a la parte demandante. La acción agrupa inicialmente a 27 comerciantes, con la posibilidad de que se unan más, ya que se dio un plazo de dos años después de la entrega formal de la obra para que otros afectados se sumen a la reclamación.

Uno de los puntos críticos mencionados por el abogado es el caso del restaurante Los Almendros, donde la entidad encargada planea demoler la entrada de la edificación, considerada una afectación inmobiliaria. El propietario de dicho predio, cuya construcción es anterior al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, presentó una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría para buscar una demanda de reparación directa, e incluso solicitó una medida cautelar para detener la demolición hasta que se resuelva la conciliación.

Llamado a entes de control y política pública nacional

El representante de los comerciantes hizo un llamado urgente a la Contraloría, Procuraduría y Personería para que tomen cartas en el asunto, abran investigaciones y eviten que estos contratistas, que registran falencias, sigan siendo seleccionados en nuevas licitaciones.

Además, el abogado Sierra hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cree una política pública nacional sobre el resarcimiento y compensación de afectados por obras de infraestructura. Argumentó que actualmente no existe un mecanismo unificado, lo que genera grandes costos para el Estado por concepto de indemnizaciones, citando como precedente un fallo favorable del Consejo de Estado a comerciantes afectados por el MÍO en Cali.