Mientras avanza en el Congreso el proceso de delimitación entre Barranquilla y Puerto Colombia, la comunidad de Villa Campestre expresa preocupación por la incertidumbre sobre el futuro territorial y plantea una alternativa para evitar inconvenientes con el pago de impuestos mientras se toma una decisión definitiva.
Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, aseguró que la comunidad está dividida frente a la posibilidad de que sectores como el corredor universitario y Villa Campestre pasen a ser administrados por Barranquilla. Señaló que algunos habitantes respaldan la medida, mientras otros prefieren permanecer en Puerto Colombia.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con los recursos que actualmente genera este sector. Según Cianci, cerca del 70 % de los ingresos por impuesto predial e industria y comercio de Puerto Colombia provendrían del corredor universitario y Villa Campestre. A su juicio, una eventual pérdida de estos recursos representaría un fuerte impacto para las finanzas del municipio.
El dirigente comunal también cuestionó la inversión que, según manifestó, ha recibido Villa Campestre y el corredor universitario. Señaló problemas en parques, zonas verdes, iluminación, seguridad y movilidad, y aseguró que la comunidad viene reclamando desde hace varios años una mayor presencia de la administración municipal.
En medio de esta incertidumbre, la comunidad plantea la creación de una fiducia en la que puedan ser consignados temporalmente los impuestos de los habitantes del sector. La propuesta busca que los recursos permanezcan bajo un mecanismo neutral mientras se define oficialmente si el territorio continuará perteneciendo a Puerto Colombia o pasará a Barranquilla.
“Lo que queremos es que esto se defina lo más pronto posible”, manifestó Cianci, quien explicó que, una vez exista una decisión definitiva, los recursos recaudados podrían ser asignados a la administración que corresponda según la delimitación aprobada.
El líder comunal también advirtió sobre el impacto que tendría para Puerto Colombia una eventual pérdida de estos ingresos, debido a que, según sus cálculos, el municipio conservaría aproximadamente el 30 % de los recursos que actualmente recibe por concepto de estos tributos. No obstante, aclaró que la situación también debe analizarse desde el punto de vista social, teniendo en cuenta programas, becas y otras inversiones que actualmente se financian con esos recursos.
Cianci señaló además que el crecimiento de Ciudad Mallorquín y del corredor universitario ha incrementado considerablemente la población de la zona. Según sus estimaciones, el corredor universitario tendría más de 25.000 habitantes y Ciudad Mallorquín alrededor de 10.000, lo que elevaría a más de 35.000 las personas que viven en estos sectores.
Para la Junta de Acción Comunal, la prioridad es que el Congreso defina pronto el futuro de estos territorios y que la comunidad sea escuchada durante el proceso. Mientras tanto, la propuesta de la fiducia busca ofrecer una salida temporal frente a la pregunta que hoy tienen los habitantes: ¿a qué municipio deben pagar sus impuestos mientras se resuelve el conflicto limítrofe?
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