El Consejo de Estado ratificó las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro de una acción popular promovida por los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, con el propósito de avanzar en la eliminación del régimen especial tarifario que ha impactado el costo del servicio de energía en la región Caribe.

Según explicó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico, el fallo ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) modificar las fórmulas tarifarias y adoptar medidas orientadas a establecer un precio más justo para los usuarios de la región.

Alarcón indicó que el régimen especial, implementado durante el gobierno de Iván Duque y prorrogado posteriormente, contemplaba tres componentes que incrementaban el valor de la tarifa. Dos de ellos, relacionados con el cobro de pérdidas por hurtos de energía y las inversiones futuras, ya fueron eliminados. Sin embargo, permanece vigente una sobretasa del 20 % sobre la comercialización de la energía, exclusiva para la región Caribe.

De acuerdo con la Liga de Usuarios, la eliminación de este último componente permitiría una reducción cercana a los 50 pesos por kilovatio/hora, en un momento en que Air-e anunció un incremento de aproximadamente 45 pesos por kilovatio en las tarifas que empezarán a reflejarse en las facturas de julio.

El dirigente hizo un llamado al Gobierno nacional y a la CREG para cumplir el fallo y expedir la resolución que elimine la sobretasa restante, señalando que el proyecto ya existe y solo estaría pendiente de aprobación.

Durante la entrevista, Alarcón también expresó su preocupación por la decisión de Afinia de transferir la operación del servicio eléctrico en 35 municipios de Cesar, Magdalena y Bolívar a una nueva empresa, advirtiendo que la medida podría afectar la calidad del servicio en esas zonas y agravar la crisis energética que enfrenta la región Caribe.