Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto de manifiesto la crítica situación financiera del sistema de salud colombiano, revelando que 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS), tanto del régimen contributivo como subsidiado, acumulan una deuda de $32,9 billones de pesos. Esta cifra, que ha aumentado en $7,9 billones respecto a 2023, corresponde a servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema, evidenciando el «colapso financiero» generado por el actual modelo de intermediación.
La Contraloría subraya que esta deuda no es responsabilidad del Gobierno, sino de «decisiones y omisiones de las propias EPS». El Ministerio de Salud y Protección Social reitera que se encuentra al día con los pagos y ha realizado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el financiamiento del sistema. De hecho, los recursos destinados al aseguramiento en salud han crecido cerca del 40% durante este Gobierno, alcanzando los $87,89 billones de pesos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2024, lo que representó aproximadamente el 17% del Presupuesto General de la Nación.
El presidente Gustavo Petro enfatizó esta postura: «A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso. Es más, las EPS intervenidas han reducido la deuda en 14 % con los hospitales y las clínicas. Por este motivo la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para detener el desangre del sistema».
Opacidad y Falta de Idoneidad en el Manejo de Recursos
El informe de la Contraloría también advierte sobre $2,71 billones de pesos girados por la ADRES a las EPS que no fueron reportados por estas en sus estados financieros, y que serán objeto de actuaciones fiscales. Aún más preocupante es la acumulación de $15,79 billones sin trazabilidad entre 2020 y 2024, de los cuales $4,22 billones corresponden solo a 2024, lo que «evidencia un patrón persistente de opacidad en el manejo de los recursos».
La crisis no solo se manifiesta en la deuda, sino también en la incapacidad de muchas EPS para cumplir con los requisitos mínimos de operación. De las 26 EPS evaluadas en 2023, solo 5 cumplen con la provisión e inversión de reservas técnicas, y apenas 10 tienen indicadores de liquidez y solvencia adecuados. El 61% de las EPS carecen de recursos líquidos para operar, y 16 incumplen simultáneamente los tres requisitos normativos: liquidez, margen de solvencia y provisión de reservas. Esto implica que una parte significativa de las entidades que manejan recursos públicos para la salud no tienen cómo sostener sus operaciones básicas.
Desabastecimiento de Medicamentos y Corrupción Histórica
Pese a que el Gobierno ha pagado el 90,3% de lo facturado por operadores farmacéuticos en 2024 ($13,3 billones de $14,7 billones radicados), persisten graves fallas en el suministro de medicamentos, generando una ola creciente de peticiones, quejas y reclamos (PQR). El presidente Petro cuestionó esta contradicción: «Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es mentira. Si hemos pagado el 90% de lo facturado ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Las quejas, entonces, no son contra este Gobierno, sino contra los gestores farmacéuticos”.
Finalmente, el informe de la Contraloría revela «graves hechos de corrupción histórica en el sector», documentando desvíos de recursos a paraísos fiscales, creación de IPS de papel, cobros múltiples de UPC por un mismo paciente y manipulaciones contables. Desde 2022 hasta marzo de 2025, la Contraloría ha abierto 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones de pesos, lo que evidencia una «captura indebida de los recursos de la salud» sistemática y con profundos impactos en la sostenibilidad del sistema.
