Las decisiones contractuales adoptadas durante la intervención de Comfamiliar Atlántico están bajo revisión jurídica por parte de las autoridades, que buscan determinar si algunas vinculaciones pudieron comprometer los recursos de la Caja más allá del periodo establecido para la medida.

Uno de los casos que genera mayor atención es el de María Teresa Carvajal Aguirre, directora administrativa, cuyo contrato inicialmente estaba ligado a los 12 meses de intervención y posteriormente fue modificado a un término fijo de dos años, con un salario integral de $53,5 millones mensuales. Según los análisis preliminares, una eventual terminación anticipada podría representar una indemnización cercana a $1.500 millones.

También son revisados los contratos de cuatro altos directivos vinculados por tres años, con vigencias hasta 2029, pese a que la intervención fue decretada inicialmente por 12 meses. Entre ellos están el secretario general, el jefe de Planeación y Vivienda, el jefe de la Oficina Jurídica y el jefe de la División Financiera y Administrativa.

La investigación busca establecer si existieron justificaciones técnicas y jurídicas para estas condiciones contractuales, quién autorizó las decisiones y cuál podría ser el impacto económico para los recursos de Comfamiliar Atlántico.