La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual permitía al Gobierno Nacional cobrar la Contribución Nacional de Valorización hasta cinco años después de la finalización de los proyectos viales. El alto tribunal, en su Sala Plena, encontró que se vulneró el principio de unidad de materia, al no hallar una motivación directa o inmediata para introducir dicha modificación en los tiempos de cobro, ni que fuera inherente al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Los magistrados argumentaron que la norma afectaba la seguridad jurídica debido a su contenido tributario y las cargas democráticas de deliberación inherentes. Además, la Corte dudó sobre si la ausencia de esta modificación impediría la ejecución de proyectos de infraestructura vial o si los recursos obtenidos bajo la normativa anterior (artículo 249 de la Ley 1819 de 2016) eran insuficientes.
Con esta decisión, la Corte Constitucional revivió y dejó vigente el artículo 249 de la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016), lo que significa que los cobros nacionales de valorización solo podrán ser aprobados antes o durante la ejecución de los proyectos viales en todo el país.
Reacciones a la Decisión Judicial
La noticia fue recibida con satisfacción en el Caribe colombiano. El senador Mauricio Gómez calificó la decisión como un «paso enorme» para frenar lo que consideraba un nuevo atropello del Gobierno contra la región, especialmente en relación con el cobro en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad. «Desde el primer día lo dijimos: el cobro de valorización incluido en el Plan de Desarrollo era inconstitucional. Hoy la Corte Constitucional lo confirma y tumba ese artículo. El Atlántico y Bolívar celebran», afirmó en sus redes sociales.
Por su parte, el gobernador Eduardo Verano consideró la decisión como positiva, destacando que «esto quiere decir que se cae el cobro en la Vía al Mar y nuestra zona costera no será afectada. Es una decisión justa que protege el bolsillo de todos los colombianos y, además, libera el camino para que el desarrollo turístico, urbanístico y económico de la zona costera del Atlántico avance sin obstáculos ni cargas adicionales para la comunidad».
El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, indicó que esta decisión «sigue cerrando la posibilidad de estos atropellos del Gobierno» y reiteró la lucha por los predios ubicados en el eje vial entre Barranquilla y Cartagena, mientras se estudia una tutela presentada por el Invías para retomar el cobro.
Plinio Cedeño, alcalde de Puerto Colombia, aseguró que la decisión es «coherente con el sentir de miles de porteños y atlanticenses» y reiteró su rechazo a dicho cobro. Finalmente, el Consejo Gremial de Bolívar manifestó que su «firme postura siempre estuvo alineada con la defensa de la Constitución y hoy vemos cómo se reafirma este principio».
