El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que el Corredor Universitario y Villa Campestre fueron “ratificados” como territorio de Barranquilla, tras el informe presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en medio de la disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia.
De acuerdo con el mandatario, el documento del IGAC se sustentó en evidencias históricas, cartográficas, geográficas, demográficas, sociales, administrativas y territoriales. Por ello, consideró que el instituto cumplió con su labor técnico-científica y que ahora corresponde al Congreso de la República pronunciarse sobre la delimitación propuesta.
De La Espriella también pidió ejercer control sobre el proceso y cuestionó la posibilidad de que intereses privados intervengan en la decisión. “Los intereses privados no pueden seguir primando sobre el interés del pueblo, y mucho menos, sobre la Constitución y la ley”, afirmó.
El informe del IGAC plantea una nueva línea divisoria para el sector del Corredor Universitario, tomando como referencia el cauce funcional del arroyo León. La propuesta incorpora a Barranquilla gran parte de esta zona, que en los últimos años ha registrado un importante crecimiento urbano, residencial y empresarial.
Según el análisis del documento, el Distrito recuperaría más de 1.036 hectáreas y asumiría jurisdicción sobre sectores que incluyen Villa Campestre, seis universidades, tres cementerios, siete colegios, cinco centros comerciales, un hotel y dos clínicas.
Tras conocerse el informe, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, afirmó que el Distrito ingresaría con inversión y obras a sectores como Ciudad Mallorquín, Villa Campestre y el Corredor Universitario, con proyectos relacionados con movilidad, parques, zonas verdes, iluminación y seguridad.
Sin embargo, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, sostuvo que la “soberanía” del municipio debe ser respetada y aseguró que Puerto Colombia no ha perdido ningún centímetro de su territorio.
La definición final de los límites dependerá del trámite correspondiente ante el Congreso de la República.