El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitar formalmente a la Procuraduría General de la Nación la intervención preventiva en varios procesos que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que comprometen la seguridad del próximo Gobierno y el manejo de recursos públicos.

La principal preocupación del mandatario electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSAUNP-054-2026, con un presupuesto superior a los $78.000 millones, mediante el cual se contratará el servicio de escoltas para el presidente que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y los integrantes de su gabinete ministerial.

Según De La Espriella, la adjudicación del contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, lo que impediría a la nueva administración revisar los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes estarán encargados de la protección del jefe de Estado y sus ministros.

Por ello, pidió a la Procuraduría evaluar la suspensión preventiva del proceso contractual mientras el Gobierno entrante analiza la necesidad y conveniencia de la contratación.

La solicitud también incluye vigilancia sobre el proceso para proveer más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad, así como el contrato para la adquisición de 188 embarcaciones y 264 motores fuera de borda destinados a municipios de nueve departamentos.

Además, el presidente electo solicitó supervisión preventiva sobre seis procesos contractuales relacionados con la adquisición de bienes para medidas colectivas de protección dirigidas a resguardos indígenas, con el propósito de verificar la legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.