Debate jurídico pone en vilo la consulta del Pacto Histórico tras decisión del Tribunal Superior de Bogotá

Una reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá que deja sin efecto las medidas cautelares iniciales ha generado incertidumbre sobre la realización de la Consulta del Movimiento Político Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre. Esta situación revive el debate jurídico sobre la unificación de los partidos de izquierda que conforman la coalición.

Origen de la Controversia

La polémica se remonta a un pronunciamiento previo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la posibilidad de que los partidos progresistas se unificaran bajo la figura del Pacto Histórico como un solo partido. El CNE había determinado que solo algunos partidos podían realizar esta unificación, dejando inicialmente por fuera a candidatos como Gustavo Bolívar y a partidos como Colombia Humana.

Las medidas cautelares, obtenidas a través de una tutela presentada por Bolívar y la precandidata Carolina Corcho, fueron las que permitieron la inscripción y reactivación de la consulta con tres precandidatos: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

Inquietud Tras la Decisión del Tribunal

El fallo actual del Tribunal Superior deja sin efecto esas medidas cautelares, regresando la situación al punto inicial y a la decisión del CNE.

No obstante, la realización de la consulta el 26 de octubre aún no está formalmente suspendida. El registrador nacional ha manifestado que la consulta sigue en firme porque no se le ha notificado la decisión judicial en contra del fallo de tutela original.

El politólogo e investigador Ángel Tuirán señaló que una vez que la decisión sea notificada al registrador, es probable que la consulta no cuente con el aval de la Registraduría, ya que esta entidad es la encargada de convocarla, organizarla y disponer los recursos.

El Escenario Político-Judicial

Se anticipa que, aunque la decisión del Tribunal Superior prevalece jurídicamente en este momento, podrían presentarse nuevos recursos ante instancias superiores, como la Corte, dada la relevancia política del caso. El profesor Tuirán destacó la tendencia en el sistema político colombiano de utilizar herramientas jurídicas para influir en decisiones políticas.

En el fondo, la situación obliga a los partidos de izquierda a buscar una fórmula legal alternativa para consolidar un candidato único de cara a las elecciones de 2026, ya sea a través de avales de los partidos permitidos para la unificación o mediante otros mecanismos que les permitan llegar a la contienda presidencial con una candidatura unificada.

El experto concluyó que, más allá del debate jurídico, estos ejercicios de filtración de candidaturas son necesarios para reducir el gran universo de aspirantes presidenciales y asegurar un tarjetón electoral viable.

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