En una decisión de primera instancia, el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla declaró la nulidad del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Puerto Colombia, adoptado mediante el Acuerdo 037 de 2017. La medida responde a una demanda interpuesta por la Nación y la Procuraduría General de la Nación, que cuestionaba cambios en densidades, edificabilidad y uso del suelo en toda la jurisdicción municipal.

La comunidad de Villa Campestre, que desde hace años había advertido presuntas irregularidades, recibió el fallo como una confirmación de sus denuncias. Alberto Mario Forero, líder del sector, aseguró que “el acuerdo 037 de 2017 violó la Constitución, normas y leyes establecidas para tramitar ese PBOT”.

El dirigente recordó que este no es el único proceso judicial sobre el tema. En 2022, el Consejo de Estado ya había anulado el Acuerdo 011 de 2011, que también pretendía modificar las condiciones urbanísticas en el corredor universitario. “Desde 2011 están tratando de cambiar el POT sin tener la legalidad ni la facultad para hacerlo”, advirtió Forero.

Según el fallo, al quedar sin efecto el acuerdo de 2017, vuelve a regir el PBOT establecido en el Acuerdo 037 del año 2000, mientras la administración municipal define si apelará o inicia la formulación de un nuevo plan. Forero considera que “ya la administración no debería apelar, porque es un fallo bien estructurado con argumentos y fundamentos, y seguir apelando es seguir haciendo cosas indebidas”.

El líder comunitario señaló que el cambio de las normas urbanísticas en 2017 permitió, por ejemplo, que en sectores como Ciudad Mallorquín pasara de permitirse cuatro viviendas por hectárea a más de 200, lo que derivó en una urbanización acelerada, con impactos en movilidad, servicios públicos, medio ambiente y calidad de vida.

El caso también tiene un frente penal. Existe una denuncia por prevaricato por acción contra concejales y el alcalde que aprobaron el PBOT de 2017. “Ahora, con esta anulación, la fiscalía tiene más herramientas para seguir con el proceso penal, porque ya se está demostrando que los concejales y el alcalde prevaricaron”, afirmó Forero.

El fallo aún puede ser apelado por la Alcaldía de Puerto Colombia, pero de quedar en firme, obligaría a replantear el ordenamiento territorial del municipio y a resolver viejas disputas de límites con el Distrito de Barranquilla, un tema que Forero considera clave para definir quién tiene la competencia para aprobar el plan.

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