El proceso judicial contra el representante a la Cámara Modesto Aguilera por el presunto delito de acto sexual violento ha entrado en su fase final ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, con la realización de la audiencia de alegatos de conclusión. En esta instancia, la Procuraduría General de la Nación solicitó la condena del congresista, mientras que su defensa refutó la petición, argumentando que es «infundada e irresponsable».

El abogado José Luis Herrera, defensor del representante Aguilera, sostuvo que el Ministerio Público no valoró la totalidad de las pruebas en el expediente. Según el jurista, la solicitud de condena se basó de manera «facilista» únicamente en la versión de la denunciante, Gisela del Carmen Mejía Viana, a pesar de la existencia de múltiples elementos probatorios que, a juicio de la defensa, demuestran la inocencia de su defendido.

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Entre las pruebas presentadas por la defensa para contrarrestar la sindicación, se destacaron varias inconsistencias en el relato de la presunta víctima. El abogado Herrera mencionó que, según la denunciante, los hechos habrían ocurrido en el Hotel Bel Clay de Barranquilla en octubre o noviembre de 2020. Sin embargo, se aportaron registros del hotel que, tras una investigación, comprobaron que ni el representante Aguilera, ni la víctima ni las personas que supuestamente la acompañaban figuraban como huésped o visitantes en esos meses, lo que la defensa concluye como un intento de «engañar a la administración de justicia».

Otro elemento probatorio clave presentado por la defensa se refiere a las llamadas de auxilio que la víctima alegó haber realizado. La denunciante manifestó haber llamado a su madre y escrito a su primo durante los supuestos hechos. No obstante, el abogado Herrera indicó que la empresa Tigo certificó a la Corte que el número telefónico que la víctima reportó como propio «no existía, no estaba activado para el año 2020», restando fiabilidad al testimonio de la querellante.

Adicionalmente, se presentaron los testimonios de los escoltas del representante Aguilera, miembros activos de la Policía, el Congreso y la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya función es la seguridad permanente del congresista. Los escoltas declararon ante la Sala de Juzgamiento que en ningún momento el doctor Aguilera se separó de ellos mientras estuvo en Barranquilla durante el periodo de los hechos, lo que, según la defensa, concuerda con las demás pruebas y apoya la tesis de que «el hecho no existió» y se trata de una «patraña» para perjudicar su carrera política.

La decisión final sobre el futuro judicial del representante Modesto Aguilera se encuentra ahora en manos de la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la instancia competente para emitir la sentencia definitiva contra el aforado. La defensa expresó su confianza en que la Corte proferirá una sentencia absolutoria, manteniendo intacta la presunción de inocencia.