A pocos días de las elecciones, la Defensoría del Pueblo presentó un preocupante informe de seguimiento que revela que la respuesta del Estado para mitigar los riesgos electorales ha sido insuficiente. La defensora Iris Marín Ortiz advirtió que el cumplimiento de las recomendaciones estatales apenas llega al 42 %, mientras que el panorama de orden público se agrava con el aumento de municipios en «acción inmediata», pasando de 62 a 69 localidades en riesgo crítico.

El documento detalla un escenario alarmante donde grupos armados como el Clan del Golfo (EGC), el ELN y disidencias de las FARC no solo amenazan a la población, sino que han instaurado «gobernanzas criminales». Estos grupos regulan campañas, imponen normas de conducta a los votantes y vetan candidaturas, especialmente de oposición y de las Circunscripciones de Paz (Citrep). «Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán las elecciones. El riesgo es la consolidación de una democracia meramente formal que ignora el silencio obligado de las comunidades», afirmó Marín Ortiz.

El informe registra 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos. La situación es especialmente grave en departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena. Además, se denuncia que en regiones como el Cauca existen vallas donde grupos armados prohíben explícitamente la entrada de candidatos presidenciales de derecha u oposición, lo que constituye un veto directo a la participación democrática.

Ante la gravedad de los hallazgos, la Defensoría exigió al Ministerio del Interior un liderazgo efectivo para armonizar los planes de acción y asegurar presupuestos que protejan el ejercicio del voto. Asimismo, instó al Ministerio de Defensa a garantizar la custodia de los puestos de votación en zonas rurales y pidió a la Fiscalía fortalecer la judicialización del constreñimiento electoral mediante fiscales itinerantes en los municipios más golpeados por la violencia.

Finalmente, la Defensora hizo un llamado a la Procuraduría para que inicie acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que omitan sus deberes de prevención. El informe concluye que grupos poblacionales específicos, como mujeres líderes y firmantes de paz, enfrentan barreras adicionales que amenazan con anular su representación real, afectando la legitimidad del proceso electoral en las zonas más apartadas del país.