La Defensora del Pueblo Iris Marín manifestó su apoyo al llamado de 109 mujeres entre escritoras, periodistas, abogadas y funcionarias que exigen transparencia frente a las menciones del expresidente Andrés Pastrana en los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La entidad subrayó que el silencio no es una opción cuando están en juego los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En su declaración, la institución recordó que el Estado tiene el deber de investigar cuando documentos oficiales vinculan a figuras públicas con redes de explotación sexual de menores. Según datos de Medicina Legal, en el país se registran más de 50 casos diarios de abuso contra menores, afectando principalmente a mujeres y niñas. La Defensoría calificó la ruptura del «pacto de silencio» como un deber ético y un imperativo de derechos humanos para combatir la impunidad.
Asimismo, se reconoció la validez del manifiesto y las 20 preguntas dirigidas al expresidente, resaltando que la veeduría ciudadana y el periodismo son pilares de la democracia. El mensaje fue contundente al señalar que cualquier persona con vínculos con investigados por estos delitos debe rendir cuentas, recalcando que ningún rango político exime de esta obligación ante la sociedad.
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