La Defensoría del Pueblo pidió revisar los nombramientos y posibles designaciones en cargos de alta responsabilidad del Estado de personas vinculadas a denuncias o procesos por presunta violencia contra las mujeres. El organismo advirtió que estas decisiones podrían afectar la confianza institucional y desincentivar a las víctimas a denunciar.

“No podemos pedir a las mujeres que denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran”, señaló la entidad, que solicitó establecer criterios claros y públicos para la designación de funcionarios.

Entre los casos mencionados está el de Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, nombrado asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, quien afronta un proceso penal por presuntos delitos de acto sexual violento y acoso sexual, relacionados con hechos que habrían ocurrido durante su trabajo en la Embajada de Colombia en Chile.

La Defensoría también se refirió a la posible vinculación del general retirado Eduardo Zapateiro a la gerencia de Seguridad Física de Ecopetrol, mientras afronta un proceso por presunto acoso sexual.

Otro caso señalado es el de Jaime Gregorio Vives Pinedo, nombrado presidente de Coljuegos, quien fue denunciado por su expareja por presunta violencia intrafamiliar y basada en género.

En el ámbito legislativo, el organismo mencionó la denuncia presentada por una expareja contra el senador John Alejandro Bermeo Rodríguez por presuntos hechos de violencia sexual y maltrato. Asimismo, hizo referencia a cuestionamientos contra el senador Germán Rodríguez Prieto relacionados con el pago de cuotas alimentarias para sus hijas, un asunto diferente de las denuncias por violencia de género.

La entidad advirtió que el temor a represalias, la revictimización y las dificultades para acceder a la justicia pueden agravarse cuando las instituciones no brindan respuestas oportunas y efectivas a las mujeres denunciantes.

Por esta razón, instó al Gobierno nacional y a las entidades estatales a evaluar la gravedad de los hechos denunciados, el estado de los procesos judiciales, las responsabilidades asociadas a cada cargo y los posibles riesgos de presión o represalias contra las denunciantes.

La Defensoría reiteró que la violencia contra las mujeres no debe tratarse como un asunto privado y pidió que las decisiones de nombramiento sean coherentes con los compromisos institucionales de prevención, atención y protección. Las denuncias y procesos mencionados no constituyen, por sí mismos, una declaración de responsabilidad penal.