La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Dijin de la Policía Nacional, anunció la desarticulación de un conglomerado criminal que se dedicaba a darle apariencia de legalidad a hidrocarburo extraído de forma ilícita del oleoducto Caño Limón – Coveñas y de pozos convencionales para venderlo a gran escala en el norte, centro y oriente del país.
El entramado criminal, autodenominado ‘Los de Cuello Negro’, es señalado de utilizar empresas fachada y falsificar documentos para legalizar el crudo robado, causando una defraudación millonaria al Estado. La investigación ha arrojado que la red habría obtenido ganancias mensuales cercanas a los 2.000 millones de pesos y habría incrementado su patrimonio en más de 9 millones de dólares en un periodo de cuatro años, aprovechándose de la sustracción de más de 32.500 galones de las líneas de transmisión.
La labor investigativa condujo a la identificación y captura de siete presuntos integrantes, incluyendo a seis representantes de las empresas involucradas y un químico encargado de la transformación del hidrocarburo. Las sedes de las compañías ficticias se ubicaban en Barrancabermeja, Sabana de Torres (Santander), Galapa, Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de Santander).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado. Entre los judicializados se encuentran Germán Arturo Sánchez Sánchez, señalado como el cabecilla de la operación; Ricardo Pacheco López, administrador de una planta que supuestamente se utilizaba para almacenar el crudo; Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa de lubricantes; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico en Galapa, a quien se le atribuye el tratamiento y optimización del producto. También fueron imputados Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, por roles determinantes en la reventa del crudo y el ocultamiento de su origen.
