En una operación conjunta entre la Policía Nacional, a través de la DIJIN, y la Fiscalía General de la Nación, Dirección contra la Corrupción, fueron capturadas 17 personas y se realizaron 6 allanamientos en los municipios de Barranquilla, Soledad y Cereté. Este operativo asestó un duro golpe a una red de corrupción que operaba en la Costa Atlántica.

Entre los detenidos se encuentran funcionarios públicos en ejercicio y exservidores, quienes están implicados en actividades de corrupción relacionadas con la apropiación y venta ilegal de terrenos públicos y privados. Estos terrenos estaban destinados a proyectos sociales importantes, como colegios y parques deportivos.

Los procesados enfrentan investigaciones por diversos delitos, incluyendo concierto para delinquir con el fin de cometer delitos contra la administración pública, prevaricato, invasión de tierras, peculado y falsedad documental.

Se presume que esta red tenía vínculos con organizaciones criminales con influencia en Barranquilla y su área metropolitana. Sus acciones ilegales afectaron a cientos de familias al apropiarse indebidamente de terrenos de uso público, lo que perjudicó el desarrollo urbano y comunitario de la región.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar con las investigaciones para proteger los bienes públicos y privados, y de combatir la corrupción en todas sus formas.