La reciente confirmación del feminicidio de Yalid Grajales Vides, hallada con signos de tortura y asfixia mecánica en el barrio La Milagrosa de Malambo, ha generado profunda consternación y renovado los llamados urgentes por acciones concretas para frenar la violencia de género en el departamento del Atlántico. Ruth Pareja, defensora de derechos humanos y miembro de la red de mujeres, expresó su profunda preocupación y una «desesperanza total» ante el continuo aumento de asesinatos de mujeres en la región.
En diálogo con un medio local, Pareja lamentó que, a pesar de las denuncias y las expresiones de inquietud de las mujeres, la violencia letal no disminuye. «No es que la gente ahora denuncia más, es que son mujeres asesinadas, no estamos hablando de denuncia, estamos hablando de hechos de violencia», enfatizó, resaltando la sevicia con la que se están cometiendo estos crímenes contra el cuerpo de las mujeres.
La activista criticó la falta de garantías por parte del sistema judicial, señalando casos en los que mujeres que habían denunciado previamente terminaron siendo víctimas de feminicidio por sus parejas. En un llamado directo a los mandatarios a nivel local y nacional, Pareja instó al presidente a convocar al pueblo para abordar esta grave problemática, recordando la apuesta política por un cambio que garantice la vida de las mujeres en los territorios. «Colombia, potencia de la vida, se debe visualizar desde los territorios y yo creo que sin las mujeres, aquí las mujeres parimos», afirmó.
Ante la visita del presidente a Barranquilla por el tema de la consulta popular, Pareja manifestó la intención de buscar un espacio de diálogo, aunque reconoció las dificultades previas para establecer comunicación tanto con el Ministerio de la Equidad como con otras instancias gubernamentales. Hizo un llamado para que se escuche a las lideresas territoriales que conocen de cerca la realidad y las cifras de la violencia de género.
Ruth Pareja reveló la alarmante cifra de 20 mujeres asesinadas en lo que va del año en el Atlántico, con dos casos aún por esclarecer, incluyendo el de la patrullera María Alejandra. Exigió celeridad a la Fiscalía en estas investigaciones, especialmente en el caso de la funcionaria de la Dupar también pendiente de resolución. Recordó que en 2024 se registraron 77 feminicidios en el departamento, cuyas familias aún esperan justicia.
La defensora de derechos humanos señaló que la mayoría de estos crímenes pueden catalogarse como feminicidios, perpetrados por personas cercanas a las víctimas, incluyendo parejas, y lamentó casos en los que mujeres fueron enterradas en lo que fue su hogar. Subrayó la necesidad de una articulación interministerial que involucre salud, educación e interior para implementar estrategias de prevención eficaces desde la niñez y la salud mental.
Con un tono de «desesperanza total», Ruth Pareja expresó su temor de que los esfuerzos de los movimientos sociales sean en vano si no existe una inversión económica y física demostrable, así como la garantía de seguridad por parte del gobierno en los territorios. Hizo un llamado urgente a las autoridades locales, incluyendo al gobernador y al alcalde, para que las secretarías cuenten con el músculo financiero necesario para atender y prevenir eficazmente la violencia de género.
Finalmente, Pareja envió un mensaje a las mujeres, instándolas a crear redes de apoyo familiar y de amistad, a ser precavidas al conocer a sus parejas y a utilizar herramientas como la consulta de antecedentes en la página de la Policía Nacional como medida de prevención.
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