La reciente decisión del gobierno colombiano de nombrar a 14 ex paramilitares como «gestores de paz» ha suscitado numerosas interrogantes y críticas en el ámbito público. Expertos señalan que la medida es confusa y carece de objetivos claros, especialmente porque algunos de los beneficiados ya habían sido expulsados de la justicia transicional por no colaborar con la verdad.

Según el analista Luis Trejo, la figura de «gestor de paz» generalmente se aplica a miembros activos de grupos armados para facilitar procesos de diálogo. En este caso, el grupo al que pertenecieron los ex paramilitares dejó de existir hace 20 años, lo que pone en duda la naturaleza de sus funciones. Además, Trejo señaló que la resolución no especifica los beneficios que recibirán los designados ni garantiza que, en esta ocasión, vayan a aportar la verdad que han negado en el pasado.

La situación se complica al incluir a figuras como Hernán Giraldo Serna, quien fue expulsado de Justicia y Paz y es señalado por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo abusos a menores de edad.

Otro aspecto que ha generado preocupación es que la gestión de este proceso estará a cargo del Ministerio del Interior y el DAPRE, lo cual es inusual, ya que la oficina del Alto Comisionado para la Paz queda en un segundo plano. Esto ha levantado sospechas de que la medida podría tener un trasfondo político de cara a las elecciones de 2026.

Se espera que las autoridades nacionales proporcionen más detalles sobre la metodología y la ruta de trabajo que se trazará con los ex paramilitares para disipar las dudas que persisten en la opinión pública.

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