Tras el anuncio del gobernador Eduardo Verano sobre la voluntad de Digno Palomino (‘Los Pepes’) y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ (‘Los Costeños’), de acogerse a la ley, lo que, según el mandatario, reduciría drásticamente los homicidios en un 86% y las extorsiones en un 100% en el Atlántico, surge la pregunta sobre los compromisos que estas bandas deberán asumir.
El politólogo e investigador Alejandro Blanco, doctor en ciencias políticas de la Universidad Libre, analizó la situación, calificando como «un paso interesante» la suma de la Alcaldía y Gobernación al proceso. «Esto quiere decir que el proceso va en serio y que las administraciones locales van a poner parte de su capital político, lo cual le permitiría un grado mayor de legitimidad al proceso de un eventual diálogo con las bandas criminales aquí en Barranquilla», afirmó Blanco.
Compromisos y la Voz de las Víctimas
Para el profesor Blanco, un compromiso fundamental que deben asumir estas bandas es la reducción inmediata de los homicidios y las extorsiones. «Si las criminales tienen verdadera voluntad de paz, es fundamental bajar tanto homicidios como las extorsiones», enfatizó.
En cuanto a las familias afectadas, como la de la joven cajera asesinada recientemente en el barrio La Paz por el no pago de una extorsión, Blanco fue contundente: «No hay posibilidad de que el diálogo sea robusto, contundente y que tenga altos grados de legitimidad sin la participación de las víctimas». Subrayó la necesidad de que toda mesa de diálogo esté acompañada no solo por la sociedad civil, empresarios, comunidad y academia, sino fundamentalmente por las víctimas, tanto de enfrentamientos entre bandas como de quienes se han negado a pagar extorsiones.
Desafíos Jurídicos y la Paz Total
Blanco señaló una de las «zonas grises» de una eventual mesa de negociación: la ausencia de un aparato jurídico robusto, más allá de la Ley de Paz Total, que garantice a la sociedad barranquillera justicia, reparación y no repetición.
Respecto a la inclusión de otros grupos delincuenciales, el experto considera que «la respuesta frente a ello es sí», y que un eventual éxito de esta mesa podría abrir espacio para que otros actores se sumen, lo que tendría un impacto positivo en la reducción de la criminalidad. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que el crimen organizado «se disfrace de actor político legítimo sin haber rendido cuentas y que luego termine fortaleciendo las estructuras criminales», algo que ha ocurrido históricamente en el país.
El profesor concluyó que la negociación, tal como está planteada por la Ley de Paz Total, se daría en clave de sometimiento a la justicia, aunque reconoció que podrían presentarse «flexibilidades en términos jurídicos» y la posibilidad de que conserven parte de su capital ilegal.
En resumen, el investigador enfatizó que «no es viable una mesa de negociación en donde no estén las víctimas, no es viable una mesa de negociación en donde no esté la sociedad civil, y un elemento clave, un primer gesto y acto de paz es detener la enorme oleada de homicidios y por supuesto bajar las extorsiones».
