La diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, respaldó la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico ESE UNA, señalando que la medida es la única salida frente a la grave crisis financiera y administrativa que arrastra la entidad.
Según la dirigente, el déficit actual de la red hospitalaria supera los $140.000 millones, mientras más de 600 trabajadores, en un 90% contratados por OPS, acumulan deudas salariales de hasta 6 y 7 meses, incluso en casos de médicos especialistas, pediatras y personal de enfermería.
Moreno aseguró que la crisis tiene su origen en la creación del modelo hospitalario durante la administración de la exgobernadora Elsa Noguera y su entonces secretaria de Salud, Alma Solano, cuando se liquidaron cuatro hospitales departamentales para dar paso a la ESE UNA.
“La ESE UNA nació con un acta de defunción: se firmaron cuatro contratos onerosos a 15 años que comprometen el 80% de los recursos de la red, con un valor superior a $1 billón. Todo en beneficio de contratistas privados y en detrimento de la salud de los atlanticenses”, afirmó la diputada.
Los contratos cuestionados
De acuerdo con Moreno, los cuatro contratos clave que han puesto en jaque las finanzas de la S-1 están asociados a:
- Servicios de imágenes diagnósticas (radiología y equipos de alta tecnología, muchos sin uso).
- Suministro de medicamentos.
- Servicios de laboratorio clínico.
- Otros servicios asistenciales tercerizados.
“Los equipos de imágenes no pertenecen a la red hospitalaria sino al contratista; igual pasa con el laboratorio. Se invirtieron más de $300.000 millones en estos acuerdos, pero los hospitales no ven reflejada ninguna mejora en sus servicios”, agregó.
Recursos que no llegan a los trabajadores
La diputada recordó que solo en 2024 el Gobierno Nacional, a través de la ADRES, giró alrededor de $70.000 millones, y en lo corrido de 2025 ya se han transferido cerca de $30.000 millones, además de otros $120.000 millones por venta de servicios y aportes de la Gobernación. Sin embargo, los recursos han sido objeto de embargos y mala administración, lo que mantiene a los trabajadores sin salario y a hospitales como el de Sabanalarga en situación de hacinamiento con más de 150 pacientes diarios en urgencias.
Responsabilidades y futuro
Moreno insistió en que la crisis es consecuencia de “un modelo equivocado” que liquidó hospitales con potencial y creó una estructura inviable desde su origen.
“Si había $300.000 millones para crear este modelo, debieron usarse para fortalecer cada hospital, cuya deuda no superaba los $200.000 millones. Hoy tenemos una S-1 quebrada y cuatro contratos amarrados por 15 años. La intervención debe permitir una radiografía real y sentarse a renegociar esos contratos”, puntualizó.
La Superintendencia designó como interventor a Freddy Soca Reales, quien tendrá la misión de administrar la entidad durante un año, revisar las finanzas y garantizar tanto la continuidad de los servicios como el pago al personal de salud.
