Director de la Penitenciaría El Bosque, Daniel Rodríguez, admite temor tras amenazas del Clan del Golfo, pero afirma: «Hay que seguir trabajando»

Daniel Rodríguez Camargo, director de la penitenciaría El Bosque de Barranquilla, reveló que ha recibido amenazas de muerte de supuestos miembros del Clan del Golfo, quienes le exigieron abandonar la ciudad en un plazo de 24 horas. Los mensajes, enviados por un usuario identificado como «África», contenían textos intimidatorios y un video que exhibía múltiples armas. En el contenido, los presuntos delincuentes demostraron conocer los movimientos de Rodríguez e incluso mencionaron a sus hijos, generando gran preocupación.

En declaraciones a Noticias Ya!, Rodríguez expresó su inquietud por la falta de seguridad actual, señalando que no cuenta con un esquema de protección ni transporte seguro. Se le vio llegar a la penitenciaría en un vehículo sin medidas de seguridad. El director ha puesto el caso en conocimiento de la policía y se ha comunicado con las autoridades para solicitar vigilancia y escoltas, dado que se siente desprotegido.

Rodríguez afirmó que su deber es acudir a las autoridades y poner los hechos en conocimiento, y que la respuesta inicial ha sido satisfactoria. Ha iniciado los trámites ante la Fiscalía y la UNP (Unidad Nacional de Protección) para que se realice un estudio de seguridad que determine si accede a un esquema de protección.

Respecto al impacto en su familia, Rodríguez, quien proviene del ámbito civil y no tiene formación en fuerzas públicas o militares, manifestó que la situación ha generado gran nerviosismo y consternación. Reconoció que «la familia está hoy consternada,» sufriendo el «daño colateral por estos oficios que uno ejerce, porque en estos cargos siempre estamos a merced y expuestos a este tipo de amenazas.»

El director explicó que las amenazas podrían derivarse de los esfuerzos por «tomar control de la cárcel,» implementar protocolos y «recuperar ese brillo, esa seguridad, esa tranquilidad a la ciudadanía de Barranquilla.» Descartó saber con certeza el origen exacto de las amenazas, dejando esa tarea a las autoridades investigativas.

A pesar del evidente temor, Rodríguez insistió en que «hay que seguir trabajando.» Subrayó la importancia de garantizar los derechos de los PPL (personas privadas de la libertad) y de buscar su resocialización y reinserción, al tiempo que se aplican los correctivos necesarios para el buen funcionamiento del penal, que alberga a unos 1500 internos condenados. La comunidad y las autoridades locales estarán atentas a que se cumplan las medidas de seguridad para proteger a los funcionarios que realizan correctamente su labor.

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