El fin de la tregua entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ coincide con una aguda tensión política entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales de Barranquilla y el Atlántico. El eje del conflicto es la propuesta de trasladar a 19 cabecillas, incluidos alias ‘Castor’ y Digno Palomino, a cárceles de la capital del Atlántico para facilitar las negociaciones de paz. Aunque el Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, inicialmente apoyó la medida, el fuerte rechazo regional lo obligó a retroceder en la decisión.

El alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano han sido enfáticos en señalar que las cárceles de la ciudad no cuentan con las condiciones de seguridad para albergar a estos delincuentes de alta peligrosidad. Char cuestionó la coherencia del Ejecutivo al enviar criminales en lugar de refuerzos policiales, señalando que esto ignora las cuantiosas inversiones locales en seguridad y el dolor de las víctimas de extorsión. Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió su gestión asegurando que el proceso de paz entre bandas ha sido el factor determinante en la reducción de la tasa de homicidios en comparación con años anteriores.

En medio de esta controversia, el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, no logró llegar a un acuerdo con el gobernador Verano tras una mesa de diálogo realizada la semana pasada. La designación del sacerdote Cyrillus Swinne como mediador surge como un intento de legitimación social para el proceso, en un momento donde la opinión pública exige resultados tangibles frente a los 30 homicidios registrados solo en los primeros 19 días de enero de 2026.