El ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de «ley de competencias», una iniciativa que busca reglamentar el acto legislativo orientado al fortalecimiento de la autonomía en las regiones. Este proyecto propone una reorganización profunda de las funciones entre los distintos niveles de gobierno —Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas—, siendo calificada por el Ejecutivo como la reforma estatal más significativa desde la promulgación de la Constitución de 1991.

La propuesta legislativa centra su atención en el aumento y la redistribución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). El objetivo principal es destinar estos fondos adicionales al cierre de brechas sociales en tres sectores considerados críticos: educación, salud, y agua potable y saneamiento básico. Asimismo, el texto contempla el fortalecimiento institucional de las administraciones locales y el cumplimiento de acuerdos históricos con las comunidades indígenas, tras surtir un proceso de consulta previa.

El desarrollo de esta iniciativa contó con la participación técnica de diversas carteras, entre las que destacan los ministerios de Hacienda, Educación, Salud y Vivienda, además del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el DANE. Tras ser socializado con asociaciones como la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, el proyecto inicia ahora su trámite legislativo, donde el Congreso tendrá la facultad de modificarlo mientras el Gobierno mantiene la potestad del aval fiscal.