El Ministerio Público emitió una fuerte advertencia a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), señalando presuntas irregularidades en la recolección de información durante sus procedimientos de inspección. La controversia gira en torno a la extracción de datos sensibles y comunicaciones privadas, una práctica que, según el ente de control, debe ceñirse estrictamente a los marcos legales para no vulnerar el derecho a la intimidad y la reserva de la correspondencia.

La intervención de la Procuraduría surge tras detectar que, en diversas visitas administrativas, funcionarios de la SIC habrían excedido sus facultades al acceder a dispositivos y archivos personales sin las autorizaciones judiciales o el sustento técnico necesario. Para el organismo de control, la defensa de la libre competencia no puede servir como «cheque en blanco» para recolectar información de manera indiscriminada o engañosa, lo que pone en riesgo la validez de las pruebas en procesos futuros.

Este pronunciamiento establece un precedente sobre el equilibrio de poderes entre las autoridades de supervisión y los derechos ciudadanos. La Procuraduría enfatizó que cualquier hallazgo obtenido de forma fraudulenta o fuera del objeto específico de la investigación carece de valor legal, instando a la SIC a revisar sus protocolos internos para asegurar que el rigor de la vigilancia no se convierta en un abuso de autoridad.