El recrudecimiento de los ataques contra policías y militares en Colombia, con 30 asesinatos en los últimos 15 días atribuidos principalmente al Clan del Golfo, ha generado una profunda preocupación a nivel nacional. El presidente Petro ha anunciado una intensificación de la ofensiva contra esta estructura criminal, mientras que el director de la Policía ha solicitado medidas especiales para la protección de los uniformados, como permitirles portar sus armas de dotación fuera de servicio.
Ante esta crítica situación, el profesor Luis Trejos, investigador y conocedor del tema, ofreció su visión sobre la escalada de violencia y sus posibles implicaciones. En diálogo con NOTICIAS YA!, Trejos recordó antecedentes históricos de planes pistola por parte de grupos armados ilegales como el Cartel de Medellín y las guerrillas, aunque señaló que la dimensión actual de víctimas en tan corto tiempo parece inédita.
El experto explicó que, si bien el Clan del Golfo es el principal victimario, disidencias de las FARC y el ELN también han perpetrado ataques. A su juicio, esta reacción criminal podría ser una respuesta al cambio de actitud del gobierno, pasando de una postura pasiva a una más activa y agresiva contra estos grupos. Los asesinatos serían un intento por demostrar su capacidad y presionar al gobierno a retomar o abrir mesas de negociación, así como un mensaje a la fuerza pública para evitar confrontaciones.
En cuanto a la política de «paz total» del gobierno, Trejos criticó lo que denominó una «improvisación permanente», recordando la suspensión y posterior reactivación de ceses al fuego con algunos grupos, como las disidencias de las FARC, cuyo incumplimiento derivó en el asesinato y secuestro de militares.
Para el profesor, el gobierno debe continuar buscando el diálogo, pero sin renunciar a su obligación de garantizar la seguridad ciudadana ni a su capacidad de disuasión militar. En este contexto, consideró necesaria una medida de «acuartelamiento de primer grado» para la Policía, incluyendo la suspensión temporal de licencias y permisos, así como cambios en las modalidades operativas para evitar desplazamientos individuales y extremar precauciones ante llamados en zonas de riesgo.
Finalmente, al abordar las movilizaciones sociales y la pregunta sobre una posible financiación gubernamental, Trejos señaló que históricamente las centrales obreras se han movilizado el primero de mayo. Si bien observó una promoción de las marchas por parte del gobierno actual, no pudo confirmar una financiación directa por falta de evidencia. Respecto a la ciudadanía, llamó a la solidaridad con la fuerza pública y a ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, viéndolo como una vía democrática para canalizar tensiones políticas. Sobre la posibilidad de infiltración de grupos criminales en las protestas, reconoció antecedentes históricos, pero advirtió contra la generalización. Además, resaltó la alta carga político-electoral del próximo primero de mayo, al coincidir con el inicio de facto de la campaña del movimiento petrista hacia las elecciones de 2026, impulsando la aún no aprobada consulta popular.
