El anuncio de una tregua hasta el 20 de enero de 2026 entre Digno Palomino (líder de ‘Los Costeños’) y alias ‘Negro Ober’ (líder de ‘Los Pepes’) ha generado diversas reacciones y cuestionamientos sobre su viabilidad y marco legal. La decisión, que busca disminuir delitos como el homicidio y la extorsión en el Atlántico, fue analizada por el profesor Luis Trejo, investigador y analista en procesos de violencia.
El profesor Trejo reconoció el anuncio como «importante en la medida en que esperemos que se siga traduciendo en vidas que se salvan«. Sin embargo, manifestó varias preocupaciones sobre el desarrollo de esta mesa de diálogo, destacando la ausencia de la Gobernación y la Alcaldía en el acto, lo que, a su juicio, podría indicar una intención del Gobierno Nacional de capitalizar en solitario el «crédito político» de la iniciativa.
Dudas sobre Financiación y Oferta Institucional
Trejo señaló que, aunque la mesa se formalizaría a finales de octubre, el inicio de la Ley de Garantías en noviembre paraliza la contratación pública, lo que plantea la pregunta sobre cómo se financiarán las actividades de la mesa durante ese periodo.
Además, el analista puso en duda la oferta institucional que se hará a los miembros de estas organizaciones, especialmente a los menores de edad, dada la exclusión de la Alcaldía y la Gobernación en el proceso.
Ausencia de las Víctimas y el Marco Jurídico
Otro punto crítico para el profesor Trejo fue la visibilidad otorgada a los líderes criminales en horario prime, sin que se tuviera el mismo gesto con las víctimas de estas organizaciones (comerciantes, tenderos, transportadores).
En cuanto al marco legal, Trejo enfatizó que lo que se está negociando es el apaciguamiento de la violencia (disminución de homicidio, extorsión y hurto) y no un proceso de paz ni de sometimiento pleno a la justicia, pues hoy no existe un marco normativo que posibilite al Gobierno ofrecer beneficios jurídicos como la desmovilización y el desarme total.
La única oferta real que el Gobierno puede brindarles a estos líderes, según el analista, es el traslado a cárceles de Barranquilla y la designación como gestores de paz. Esta última designación podría, eventualmente, permitir a sus abogados tramitar una salida de prisión, aunque esa decisión recae en la rama judicial.
El profesor Trejo concluyó que el anuncio debe recibirse con un «optimismo moderado» y que es crucial presionar a las autoridades para que resuelvan las preguntas sobre la financiación y el enfoque institucional de la mesa.
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