El anuncio del presidente de la República sobre una posible modificación de los protocolos de actuación frente a las protestas en universidades públicas abrió un nuevo debate sobre los límites de la intervención de la Fuerza Pública y la protección del derecho constitucional a la protesta.

Durante un análisis sobre el tema, un experto recordó que los protocolos actuales surgieron después del estallido social de 2021 y de las investigaciones relacionadas con el uso de la fuerza por parte de integrantes de la Policía. Con el gobierno de Gustavo Petro se modificó el enfoque de atención a las manifestaciones, pasando del antiguo Esmad a una estrategia centrada en el diálogo y la mediación.

El académico señaló que cualquier nuevo protocolo deberá mantener la diferencia entre una protesta pacífica, que constituye un derecho constitucional, y aquellos escenarios en los que puedan presentarse disturbios o afectaciones al orden público. En ese sentido, consideró necesario conocer primero el documento anunciado por el Gobierno para determinar hasta dónde llegará la intervención de la Fuerza Pública.

Otro de los puntos abordados fue la presencia de la Fuerza Pública dentro de las universidades. Según el análisis, aunque la autonomía universitaria debe ser respetada y cualquier intervención debería estar precedida por mecanismos de diálogo y concertación, las universidades no pueden considerarse territorios completamente vedados para las autoridades.

Durante la conversación también se planteó el debate sobre los llamados delitos de cuello blanco y las condiciones especiales de reclusión de funcionarios investigados o condenados por hechos de corrupción. El experto explicó que, aunque existen casos en los que algunos funcionarios son recluidos en guarniciones militares por razones de seguridad, esta no es una regla general establecida para todos los servidores públicos.

Frente a este tema, destacó la importancia de revisar los tratos diferenciados para funcionarios involucrados en delitos contra la administración pública, especialmente bajo el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, advirtió que también deben evaluarse las condiciones de seguridad y los posibles riesgos que puedan enfrentar quienes sean trasladados a establecimientos penitenciarios.