La presión de la extorsión continúa afectando a comerciantes en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. Esta semana, dos tiendas tradicionales del barrio San Felipe, con más de 20 y 30 años de funcionamiento, respectivamente, cerraron sus puertas ante las amenazas que, según sus propietarios, venían recibiendo.

Orlando Jiménez, presidente de UNDECO, explicó que los comerciantes habrían sido intimidados con amenazas contra sus familias, empleados y establecimientos. Según relató, en algunos casos las exigencias incluyen advertencias de ataques con explosivos, situación que genera temor y afectaciones no solo económicas, sino también en el entorno familiar de las víctimas.

El dirigente gremial señaló que la problemática también se extiende a sectores como Lucero, Los Pinos y Los Andes, donde otros pequeños comerciantes han denunciado hechos similares. Aseguró que en algunos casos las autoridades han realizado capturas, pero posteriormente los delincuentes volverían a ejercer presión sobre los negocios.

Jiménez destacó el trabajo del GAULA y señaló que, en casos recientes, los comerciantes han denunciado las amenazas y las autoridades han acudido para revisar números telefónicos, mensajes de WhatsApp, llamadas y otros elementos que puedan servir para identificar a los responsables.

De acuerdo con UNDECO, alrededor de 500 micro y pequeños negocios han cerrado en los últimos ocho años en Barranquilla, Soledad y Malambo debido a la presión de la extorsión. Entre los establecimientos afectados se encuentran tiendas, panaderías, restaurantes, ferreterías, farmacias, peluquerías y negocios de comidas rápidas.

El presidente de UNDECO también explicó que algunos comerciantes han optado por regresar a sus lugares de origen, mientras otros buscan alternativas de sustento en actividades como acarreos, ventas de productos en mercados o pequeños emprendimientos. La situación sería especialmente compleja para personas mayores que llevan décadas dedicadas al comercio y que enfrentan dificultades para iniciar nuevamente un negocio.

Jiménez insistió en la importancia de que los comerciantes denuncien las amenazas ante las autoridades para facilitar las investigaciones y evitar que los casos permanezcan en silencio. Al mismo tiempo, pidió mantener y fortalecer las acciones de seguridad, tecnología y logística para enfrentar el fenómeno de la extorsión en el departamento.