De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, los casos de extorsión en Colombia se han triplicado desde 2022, alcanzando niveles que encienden las alarmas de las autoridades y de la ciudadanía. La situación resulta aún más preocupante en materia judicial: más del 94 % de los procesos registrados en 2024 permanecen en la impunidad, y apenas el 1 % logra concluir con una pena efectiva.

Este panorama confirma a la extorsión como uno de los delitos con mayor capacidad de paralizar la vida social y económica del país, golpeando con fuerza tanto a comerciantes como a comunidades enteras.

En Barranquilla, el alcalde Alejandro Char ha expresado públicamente la creciente angustia de la población y de los sectores productivos. “En Barranquilla estamos cansados de la extorsión”, advirtió el mandatario, quien ha solicitado apoyo urgente al Gobierno Nacional para enfrentar este flagelo.

El problema, sin embargo, no es exclusivo de la capital del Atlántico. Expertos advierten que solo un 20 % de las víctimas se atreve a denunciar, lo que dificulta la acción de la justicia y deja a la mayoría de los casos en silencio. De hecho, según el representante Julio César Triana, en los últimos tres años la extorsión en Colombia ha dejado más de 30.000 millones de pesos en manos de estructuras criminales, mientras que cientos de víctimas han optado por callar ante el miedo a represalias.