La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) presentó una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional contra el Decreto 234 de 2026, argumentando que el Gobierno Nacional excedió su potestad reglamentaria al crear un régimen jurídico de negociación colectiva sin el aval del Congreso. Según el gremio, el Ministerio de Trabajo intenta imponer de manera ejecutiva puntos de la reforma laboral que no fueron aprobados en el legislativo, vulnerando con ello los principios de legalidad y separación de poderes.  

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que el decreto no se limita a reglamentar las leyes vigentes, sino que las reemplaza, alterando estructuralmente el sistema de relaciones laborales en Colombia. Entre las críticas principales, el gremio señala la creación de un modelo obligatorio de negociación multinivel con unidad de pliego y convención, el cual no existe en la legislación actual y reproduce contenidos que el Congreso ya había rechazado expresamente.  

La demanda también resalta que la norma impone nuevas obligaciones a los empleadores sobre el suministro de información económica y estratégica sensible. Para Fenalco, esta medida pone en riesgo el secreto empresarial y la competitividad, obligando a las compañías a revelar datos sin una autorización legal previa, lo que genera un escenario de profunda inseguridad jurídica para el tejido empresarial del país.  

Finalmente, el sector comercial advierte que el decreto afecta los derechos de los sindicatos más pequeños al establecer nuevas reglas de representatividad y crea una «carga económica obligatoria» para trabajadores no sindicalizados. Cabal puntualizó que pretender que empleados que no participaron en una negociación realicen pagos obligatorios rompe los principios democráticos y del derecho laboral, motivo por el cual buscan que la jurisdicción de lo contencioso administrativo anule la normativa.