Tras 48 horas de tensión, bloqueos y una evidente parálisis en puntos estratégicos del territorio nacional, el Gobierno Nacional y los voceros de las movilizaciones ciudadanas alcanzaron un consenso que pone fin a las protestas por el alza en los avalúos catastrales. El acuerdo, gestado en una mesa de diálogo que integró a sectores sociales y entidades estatales, permitió que este 14 de abril se normalizara la movilidad en los departamentos más afectados por el descontento popular.

La clave del desbloqueo reside en la creación de mesas de trabajo regionales en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar. Estos espacios no serán meramente protocolarios; su objetivo técnico es desmenuzar las metodologías de reducción del rezago catastral para identificar errores o inconsistencias que han disparado los cobros a niveles insostenibles para muchos propietarios. Se priorizarán los casos más críticos y se plantearán ajustes técnicos dentro de la ley en un plazo no mayor a dos semanas.

El proceso contó con la mediación de figuras como el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, y el director del IGAC, Gustavo Marulanda, pero lo que otorga una capa de legitimidad al acuerdo es la vigilancia externa. La Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo actuaron como garantes en una negociación donde las veedurías ciudadanas y las organizaciones campesinas exigieron transparencia frente a lo que consideran un golpe al bolsillo rural y urbano.

Con el levantamiento de los bloqueos, la pelota queda ahora en el terreno del IGAC y los entes territoriales. La participación de alcaldías, concejos y gobernaciones será fundamental para que las soluciones técnicas que emanen de estas mesas tengan un impacto real en la facturación final. Por ahora, el país recobra el aliento vial, pero la calma definitiva dependerá de que los ajustes propuestos en papel se traduzcan en alivios tangibles para la ciudadanía en los próximos quince días.