La fiscal Lucy Marcela Laborde, a cargo del caso de lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, ha enviado una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que denuncia supuestas injerencias y presiones internas que podrían comprometer la autonomía y la imparcialidad del proceso judicial. En la misiva, fechada el 22 de septiembre de 2025, la fiscal expresa su preocupación por una serie de decisiones tomadas sin su consentimiento.

Laborde cuestionó la designación de una fiscal de apoyo, María Isabel Ramírez Meléndez, mediante la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025, argumentando que la medida carece de sustento legal y administrativo. La fiscal asegura que su despacho no sufre de sobrecarga de trabajo y ha manejado la investigación de manera íntegra durante más de un año sin necesidad de refuerzos. Según Laborde, esta decisión, tomada justo después de que ella solicitara la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, afecta su autonomía funcional.

Además, la fiscal denunció que se le ha convocado a reuniones sorpresivas, en las que se le ha solicitado exponer detalles de la investigación, lo que genera incertidumbre sobre la transparencia del proceso. También señaló que las solicitudes de la defensa no se le han trasladado de manera oportuna, lo que podría vulnerar los derechos de contradicción y defensa de Nicolás Petro.

Laborde solicitó a la fiscal general y al vicefiscal, Gilberto Javier Guerrero Díaz, explicaciones sobre el alcance de estas decisiones y pidió que se garantice su independencia en el caso.

La carta ha generado reacciones en el ámbito político. La precandidata presidencial Vicky Dávila se pronunció en su cuenta de X, cuestionando la «rectitud» del ente acusador y sugiriendo que la fiscal general está intentando «ayudar al emproblemado hijo presidencial».