La Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia documentación de la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, con el propósito de que se determine si existen elementos que permitan establecer la posible participación de congresistas en el crimen ocurrido en 2025.

La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo, confirmó que la compulsa de copias se ordenó el martes, luego de las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político, quien denunció un presunto vínculo de integrantes del partido Comunes con el atentado. La Corte Suprema es la autoridad competente para investigar a los congresistas debido a su fuero especial.

En una entrevista con Blu Radio, Tarazona aseguró que recibió información según la cual la orden de atacar a su esposo habría salido del Congreso de la República y que los recursos para financiar el atentado presuntamente provenían de Venezuela. Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades y no constituyen, por sí mismas, una prueba de responsabilidad penal.

Ante las acusaciones, seis excongresistas de Comunes rechazaron los señalamientos y los calificaron como parte de una campaña de ataques, desinformación y estigmatización contra esa colectividad. También reiteraron su compromiso con el acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano en 2016.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá. Tras permanecer más de dos meses hospitalizado en la Clínica Santa Fe, falleció el 11 de agosto de ese año.

Por este homicidio han sido capturadas nueve personas, cuatro de las cuales han sido condenadas, incluido el adolescente señalado de disparar contra el senador. Durante el proceso judicial, Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, afirmó que la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, habría ordenado el atentado.

La remisión del expediente a la Corte Suprema busca que se examinen las denuncias relacionadas con una eventual participación de congresistas, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer quiénes estuvieron detrás del crimen.