Por primera vez, la Fiscalía General de la Nación logró imputar cargos a máximos cabecillas de las disidencias de las Farc que permanecen en zona selvática del Catatumbo. Los señalados se conectaron de manera virtual a la audiencia ante un juez de control de garantías desde ese territorio.

La acción judicial se da en el marco de la estrategia de atención integral activada por el ente investigador tras la ola de violencia registrada entre enero y abril de 2025 en esa región del país, la cual habría sido producto de una directriz impartida por los jefes de estas estructuras armadas para confrontar al ELN y tomar el control territorial.

Fueron citados a audiencia Javier Alonso Velosa García, alias ‘Jhon Mechas’, cabecilla del Bloque Magdalena Medio; Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey Avendaño’, señalado jefe político del autodenominado frente 33; y Farby Edison Parra Parra, alias ‘Richard’, presunto responsable financiero de esa estructura.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los investigados habrían ordenado a sus hombres ejercer dominio absoluto en Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí (Norte de Santander), mediante el uso de armas y el control de rentas ilícitas. En desarrollo de esa instrucción se habrían promovido acciones violentas que generaron temor en la población civil y graves afectaciones a los derechos humanos.

Las investigaciones permitieron documentar 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres señalados los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con su presunta participación en los hechos. Los cargos no fueron aceptados.

La Fiscalía precisó que el proceso avanza conforme a la Directiva 003 de 2025, que establece que los fiscales continuarán con la acción penal y la atención de audiencias, aun cuando los investigados tengan suspendidas órdenes de captura, sin que ello implique afectación a su libertad personal.