La Fiscalía General de la Nación presentó oficialmente su hoja de ruta para la investigación y judicialización de delitos que afecten el derecho al voto durante los comicios de este año. La directora especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, explicó a través de una intervención oficial que la Resolución 0047 de febrero de 2026 define una estrategia transitoria que contempla acciones contundentes antes, durante y después de las jornadas electorales. El plan se apoya en un mapa de riesgo electoral que permite identificar los fenómenos delictivos en las regiones más vulnerables y priorizar aquellas zonas con alta probabilidad de afectación por injerencia de grupos armados ilegales o delitos contra el sufragio.

La estrategia incluye la creación de un Observatorio de Financiación Electoral, encargado de vigilar la violación de topes de gastos y el origen de los recursos de las campañas. Asimismo, la Fiscalía mantendrá una articulación permanente con la Defensoría del Pueblo para el seguimiento de alertas tempranas, y con organismos internacionales como la ONU para investigar cualquier acción violenta contra candidatos y líderes comunitarios. Para garantizar la transparencia, se dispondrán puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia los días 8 de marzo y 31 de mayo, trabajando de la mano con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior.

Finalmente, la entidad dispuso de fiscales y equipos de policía judicial con dedicación exclusiva en las 35 seccionales del país para atender de manera inmediata cualquier noticia criminal relacionada con los 16 delitos electorales contemplados en la ley. La ciudadanía podrá acceder a un micrositio especializado en la página web de la Fiscalía, donde encontrará el mapa de riesgo, canales de denuncia y guías informativas. Con este despliegue, reforzado por el material pedagógico en video y audio de la institución, se busca asegurar que el proceso democrático se desarrolle con normalidad y que quienes intenten corromper el voto ciudadano enfrenten las respectivas consecuencias judiciales.