En un nuevo capítulo judicial que sacude al escenario político nacional, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. El ente acusador lo señala como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, derivado de las decisiones administrativas que tomó durante la polémica licitación para la expedición de pasaportes en el país, un contrato valorado en 559.000 millones de pesos.

La investigación se centra en tres actos administrativos firmados por Leyva en 2023, con los cuales habría obstruido el proceso licitatorio que ya contaba con una recomendación de adjudicación para una unión temporal específica. Según la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el exfuncionario se extralimitó en sus funciones al declarar desierta la licitación bajo el argumento de que solo había un oferente, para posteriormente decretar una «urgencia manifiesta» que permitiera la contratación directa.

Para el ente investigador, estas maniobras no solo carecieron de sustento legal suficiente, sino que pusieron en riesgo un servicio esencial, vulnerando el derecho constitucional de los ciudadanos a la libre movilidad. A pesar de las advertencias y recursos interpuestos en su momento, el excanciller se ratificó en sus decisiones, lo que hoy lo lleva a enfrentar un juicio formal mientras el país sigue atento al futuro de la gestión de sus documentos de identidad en el exterior.